El futuro de la fortuna de los Kirchner, atado a decisiones de la Corte Suprema y de otros tribunales

Cristina Kirchner y los demás condenados del caso Vialidad deben devolver al Estado 685.000 millones de pesos. La cifra, actualizada, corresponde al fraude cometido y es resultado directo del cumplimiento de la sentencia acusatoria por corrupción. Hubo un primer decomiso que está en manos de la Corte Suprema de 111 propiedades, en su mayoría de la ex presidenta y de Lázaro Báez. Sobre esa decisión hay una apelación que debe resolver la Cámara de Casación. A ello se sumó un nuevo pedido del fiscal Diego Luciani para avanzar sobre 141 inmuebles más y dinero depositado en bancos. La fortuna de la familia Kirchner depende de esas decisiones judiciales.

Máximo Kirchner declaró un patrimonio de más de 8.300 millones de pesos ante la Oficina Anticorrupción durante el último período fiscal. En tanto, su madre declaró 250 millones de pesos. La justicia busca avanzar sobre 30 propiedades de la familia y sobre los dólares de Florencia Kirchner que fueron embargados en el caso Hotesur-Los Sauces.

El 18 de noviembre pasado, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad, resolvió que se debe proceder con la ejecución de bienes con la finalidad de que los nueve condenados en la causa Vialidad respondan con sus respectivos patrimonios, de forma solidaria, hasta cubrir la cifra exacta de 684.990.350.139,86 pesos.

Las propiedades ejecutadas a los condenados del caso Vialidad pasarán a estar bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la primera resolución para hacer efectivo el decomiso a partir del primer universo de bienes individualizados por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

En esa resolución se individualizaron un total de 20 propiedades que perderá la familia Kirchner: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a título gratuito y en partes iguales, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades e incluso inmuebles que son propiedad de las empresas utilizadas para la maniobra defraudatoria alrededor de las 51 licitaciones viales otorgadas.

La medida, señalaron los jueces, es una consecuencia inmediata de la condena por corrupción que obtuvo firmeza en junio de 2025 tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Por un lado, el decomiso sobre los bienes pertenecientes a las personas condenadas que resultaron beneficiarias de los efectos del delito, pretende “impedir que el delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita”.

En segundo lugar, avanzar sobre el patrimonio de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y demás acusados, cumple una “función reparadora del daño social causado, así como en cumplimiento de la política pública de recuperación activos de la corrupción, obligación internacionalmente asumida por el Estado Argentino en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros instrumentos”.

Esta medida fue apelada por Lázaro Báez dueño del mayor patrimonio sobre el cual está avanzando la justicia federal: entre 2010 y 2013 adquirió 1.412 bienes muebles e inmuebles radicados en ocho provincias distintas. Su fortuna, tasada oficialmente en 2016, arrojaba un valor de 206 millones de dólares. Hacia 2003 era monotributista, contaba con un vehículo antiguo y una vivienda social.

También buscaron retrasar el proceso final de ejecución, la familia Kirchner: los hijos de la ex Presidenta indicaron que los bienes inscriptos a su nombre tras la herencia realizada por su madre en marzo de 2016, no podía ser alcanzada por la medida y que el origen de ese universos de inmuebles, era “ya comprobado, lícitos”.

La justicia federal adoptó un criterio temporal: todos aquellos bienes incorporados al patrimonio de los ocho condenados entre 2003 y 2015 -cuando se desarrolló la maniobra defraudatoria-, pueden ser alcanzados por el decomiso. Ese criterio fue cuestionado, también, por Cristina Kirchner.

Debido a esa apelación sobre la cual ya se pronunció el fiscal general, Mario Villar, que interviene ante la Cámara de Casación, la ejecución final se encuentra frenada. Si bien ya todo está en manos de la Corte Suprema, que se convierte en titular de los bienes muebles e inmuebles como cabeza del Poder Judicial, entendiendo al decomiso como una determinación de la justicia federal penal, no se podrá proceder hasta que el máximo tribunal penal responda a la queja de la ex Presidenta.

El fiscal Villar rechazó todos los planteos. Recordó que una ejecución patrimonial ordenada en el marco de un decomiso, no es materia de apelación sino consecuencia directa del delito cometido y de la “gravedad institucional del mismo”. La palabra final, la tendrán los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

En simultáneo, el fiscal Diego Luciani junto a su par, Sergio Mola, firmaron un nuevo dictamen solicitando el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; USD 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $ 53.280,24.

La medida que solicita este Ministerio Público Fiscal responde a que las personas condenadas, “intimadas a depositar la suma de $ 684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

No sólo eso -recordó Luciani-, “también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores”.

Como resultado de esos recursos interpuestos, los acusados “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme. La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

Un nuevo listado de bienes se suma al expediente, con el objetivo es llegar a cubrir los 685.000 millones de pesos que se fijó como monto del fraude ocasionado a través de las 51 licitaciones direccionadas, plagadas de irregularidades, con sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.

El nuevo listado incluye más propiedades de la familia Kirchner, entre las cuales se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario. Ese inmueble junto al hotel Las Dunas, el hotel La Aldea de El Chaltén, como la residencia ubicada en la costanera de Río Gallegos, son propiedad de Los Sauces SA, la firma investigada por lavado de activos.

Asimismo, se incluyó el único inmueble de Hotesur SA (la otra empresa señalada de haber sido utilizada para maniobras de blanqueo), que es el hotel Alto Calafate. En el listado también se incorporaron los departamentos y siete cocheras de Puerto Madero cuyo único inquilino -hasta su desalojo judicial-, fue Cristóbal López.

También se pidió el decomiso de terrenos, departamentos ubicados en Río Gallegos como en El Calafate. Esto incluye, la residencia de la ex Presidenta en la Villa Turística lindante al hotel boutique, Casa Patagónica Los Sauces. Este complejo ingresó en el primer pedido de ejecución patrimonial.

¿Cómo seguirá este trámite? Se espera una nueva apelación por parte de las defensas ante el TOF 2 que ddeberá resolver si corresponde avanzar sobre la ejecución patrimonial de este listado de 141 inmuebles y el dinero consignado que pertenece a Florencia Kirchner. Todo derivará en un planteo que deberá dirimir la Corte Suprema de Justicia.